A 17 años de la ley que regula el parto respetado el Observatorio de Violencia Obstétrica Argentino relevó que el 100 % de las denuncias son desatendidas

El Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina denuncia que el «Estado argentino viola derechos humanos en las salas de parto», según lo dio a concocer hoy en un comunicado de prensa que difunde los resultados del Informe sobre Relevamiento de quejas administrativas por incumplimiento de la Ley 25.929.

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Desde la sanción de la ley 25929 y cada vez con mayor contundencia, el Estado y los organismos  competentes han construido un discurso que pone a las mujeres en la responsabilidad de erradicar y prevenir la  violencia obstétrica. Frases como “conocé tus derechos y exigilos”, “tenés derechos, hacelos cumplir”, se repiten  casi a diario y construyen la idea de que el “empoderamiento” de las mujeres es la respuesta a la violencia que  padecen, negando implícitamente la responsabilidad que recae sobre quienes vulneran derechos y quienes no  garantizan su protección. Esta postura no solo es perversa, sino que se trata de una falacia y conduce necesariamente a la culpabilización social de las mujeres por no haber agotado todos los recursos y por ello  “merecer” lo sucedido.  

En el 51.2% de las situaciones de violencia obstétrica registradas, las mujeres conocían la existencia de la  ley de Parto Respetado previamente al evento obstétrico.  

De todos modos, tampoco, el conocimiento de la ley implica necesariamente reconocerse como víctima, y es  así como el 30% de las mujeres con conocimiento previo no llevaron adelante el proceso de queja administrativa  porque en el momento no pudieron reconocer la violencia padecida. En relación a esto, el 86,5% de mujeres que conocían la existencia de la ley previo al evento obstétrico y luego de padecer violencia no iniciaron la  queja administrativa. Podemos inferir, entonces, que el conocimiento de la ley en sí mismo no garantiza el  cumplimiento de los derechos, así como tampoco el reconocimiento inmediato de la violencia padecida, ni el  accionar posterior en relación a iniciar un trámite o queja administrativa. De más está decir, que la posibilidad de  prevención y erradicación de esta violencia está en manos de quienes deben garantizar la protección de los  derechos y es responsabilidad de aquellxs que los vulneran.  

Por otra parte, es innegable que la información sigue siendo un privilegio, con lo cual la posibilidad de  acceder a ella está mediada por factores socio-económicos. Una vez más, la garantía del pleno acceso a los  derechos no puede recaer en manos de quienes padecen su vulneración. De las mujeres relevadas, aquellas cuyo  grado máximo de escolaridad alcanzado fue el primario, ninguna conocía la existencia de la ley. En relación a los  otros niveles, se evidencia cómo el conocimiento de la ley aumenta junto con el grado de escolaridad, en tanto  los siguientes porcentajes de mujeres afirmaron conocerla: el 45% de quienes completaron el secundario, el 47%  de las que culminaron el terciario, el 56% de las universitarias y el 69% de quienes realizaron un estudio de  posgrado.», cita el comunicado.

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