Un artículo del periodista Fernando Krakowiak en Página 12, titulado Buscan avanzar con una desregulación riesgosa, analiza qué podría pasar si el gobierno cede a las presiones de los laboratorios para bajar sus costos a cambio de bajar el precio de los medicamentos.
Cabe aclara que el sistema de trazabilidad en la Argentina es un modelo para la región y que por esa razón, el país presidió el órgano de prevención y control internacional de medicamentos falsificados de la Organización Mundial de la Salud. Sería una lamentable vuelta atrás.
A continuación, parte del artículo:
En 2011 se comenzó a implementar gradualmente un sistema de trazabilidad para monitorear la venta de remedios. Para reducir costos, los laboratorios piden reducir el número de productos a los que se les hace ese seguimiento. A cambio firmarían un acuerdo de precios.
El acuerdo en el precio de los medicamentos que está negociando el gobierno con los laboratorios podría incluir una concesión polémica para abaratar los costos empresarios. Luego de haber subido fuerte el valor de la mayoría de sus productos, las principales firmas del sector ofrecen congelar precios hasta fin de año a cambio de una flexibilización del Sistema Nacional de Trazabilidad implementado en abril de 2011 para monitorear la distribución de remedios y evitar ventas en negro, adulteración de productos y fraude al Estado con la presentación de troqueles falsos destinados a cobrar subsidios.
El sistema de trazabilidad permite conocer el origen, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de toda la cadena de distribución, incluyendo laboratorios, distribuidoras, operadores logísticos, droguerías, farmacias y establecimiento asistenciales. El seguimiento se realiza a partir de la colocación de un código único por producto que es auditado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat). El envase puede tener un dispositivo electrónico, un código de barras o un código datamatrix, pues cualquiera de ellos cumple con la condición de que no pueden ser quitados sin dejar una marca evidente.
Este sistema de control tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los pacientes al evitar la comercialización de remedios adulterados o falsificados, pero además sirve para evitar ventas en negro y la estafa al Estado con la presentación de troqueles truchos, la porción del envase del remedio que se recorta para luego ingresar al mecanismo de reintegro de las obras sociales. El troquel es fácilmente falsificable porque, si bien funciona como un cheque al portador, no incluye ninguna medida de seguridad.
La causa conocida como “la mafia de los medicamentos” es uno de los antecedentes más resonantes que llevó a implementar el sistema de trazabilidad para reemplazar los troqueles. En 2010 la Justicia comprobó el fraude al Estado a través del cobro de subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE), con la presentación de troqueles falsos por tratamientos complejos que nunca se realizaron y medicación que nunca se suministró a los pacientes. Por esta causa fueron procesados y presos como integrantes de una asociación ilícita el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, y el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo. Además, en febrero de 2011, el entonces juez federal Norberto Oyarbide procesó a Juan Rinaldi, ex titular de la Superintendencia de Seguridad de la Salud y del APE, responsable de los reintegros a las obras sociales.
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