Servicios de salud de Colombia aplicarán eutanasia gratuita

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Doctor Gustavo Quintana

La Corte Constitucional emitió hace 17 años un fallo que convirtió a Colombia en el primer país de América Latina, junto a un reducido grupo a nivel mundial, en el que la eutanasia está permitida. El fallo se basó en una cláusula constitucional en base a la cual los colombianos tienen derecho a una vida digna y, por tanto, una muerte digna.

Sin embargo, el Congreso jamás ha autorizado leyes que regulen el procedimiento, como había ordenado la Corte Constitucional, debido a lo cual el asunto quedó en un limbo jurídico.

En abril, el Ministerio de Salud intervino finalmente y expidió el protocolo reglamentario para las aseguradoras y los hospitales. Diversos grupos religiosos y muchos doctores expresaron su indignación ante las nuevas normas que obligan a todos los hospitales a formar comités médicos que evalúen la petición de los pacientes para recibir la eutanasia.

La Iglesia católica advirtió que cerrará decenas de hospitales que administra en Colombia si se les pide que apliquen un procedimiento al que consideran homicidio, en tanto que la conservadora Procuraduría General de la Nación intentó impedir la aplicación de las nuevas normativas.

La controversia se avivó aún más por la decisión de González de hacer pública su situación y convertirse en un caso que pusiera a prueba la aplicación de la nueva ley. González contó con la asistencia de su hijo, Julio César González, caricaturista del periódico El Tiempo -el más leído del país-, en el que es conocido como “Matador”. González se despidió el viernes de su padre con una caricatura en la que aparecía la muerte con su guadaña y le preguntaba a su progenitor por qué había hecho el equipaje. “Me muero por viajar”, responde el padre con las maletas en mano. La doctora Gabriela Sarmiento, especialista en cuidados paliativos en enfermos terminales con el proveedor de servicios de salud Colsanitas, dijo que posiblemente no habrá gran número de pacientes que quieran aprovechar la opción a la eutanasia. En los casi tres meses que han pasado desde el decreto del gobierno, los dos hospitales en los que ella trabaja han recibido apenas cinco peticiones, en dos de las cuales se dio marcha atrás. Sarmiento señaló que, cuando se les ofrece a los pacientes la opción de vivir con dolor o morir de inmediato, “la mayoría opta por el camino de los cuidados paliativos”. Y, paralelamente, surgió otro problema, según señala tras un sondeo informal entre sus colegas: “La mayoría de médicos se niegan a practicar la eutanasia”. No obstante, los miembros del movimiento del derecho a morir con dignidad en Colombia celebraron el nuevo decreto y afirman que provee más claridad a una práctica que se había realizado en secreto durante años. Colombia figura entre el reducido número de países como Bélgica, Holanda y Suiza que han legalizado o despenalizado los suicidios asistidos para los enfermos en fase terminal. Cuatro estados norteamericanos –Oregon, Washington, Montana y Vermont– también tienen autorizada la eutanasia. “Hasta ahora había ambigüedad en la ley y mucho miedo entre los médicos”, declaró Carmenza Ochoa, presidenta de la Fundación pro Derecho a Morir Dignamente. Quintana asegura que no pasa más de una semana sin que reciba la llamada de algún paciente o del integrante de la familia de un enfermo que busca poner fin a su agonía. El doctor afirma que ha ayudado a morir a más personas que el hoy finado doctor Jack Kevorkian, de Detroit, a quien se encarceló bajo cargos de homicidio y quien declaró que había ayudado a unos 130 individuos a poner fin a sus vidas.

Sin embargo, Quintana jamás ha enfrentado juicio. La mayoría de las eutanasias que él aplica se llevan a cabo en hogares donde el paciente está rodeado de su familia. Durante los nueve minutos que habitualmente dura el procedimiento, el doctor susurra el mismo mantra tranquilizador mientras inyecta la mezcla de medicamentos letales: “Descanse, usted va a dormir por última vez; un sueño reparador”. Quintana, sin embargo, encuentra objeciones al nuevo decreto. “Si un grupo de médicos tiene que decidir si un paciente en fase terminal puede o no recibir la eutanasia entonces el derecho personal queda anulado”, afirmó.

Entre las personas a las que Quintana ha ayudado a poner fin a sus vidas figura Diego Castro, un propietario de un bar que era muy querido a quien en 2009, en la plenitud de la vida, los médicos le detectaron un tumor cerebral. Después de tres operaciones fue imposible extirparle el cáncer, quedó hemipléjico y los dolores que sufría eran tan intensos que intentó suicidarse lanzándose desde un edificio. Juanita Castro afirma que su hermano tuvo dificultades para convencer a su familia de que aceptara su deseo de morir y que incluso en dos ocasiones él se retractó debido al cariño de su entorno, que insistía en retenerlo. Tres años después del fallecimiento de su hermano, Castro cree que fue la mejor opción. “Cuando nos negamos a aplicar la eutanasia a nuestros seres queridos es porque pensamos más en nosotros que en la persona que amamos”, declaró. “Es una decisión muy egoísta porque no queremos que se vaya”.

Fuente original: 20minutos.com

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Clasificado en:América del Sur, Colombia, Empoderamiento del paciente, Etica médica, Regulación, Sociedad, Tratamiento del dolor

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