Diálisis en Argentina ¿una prestación al borde del abismo?

Por Enrique Schinelli, Gerente de la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal. 

 

La salud es un derecho fundamental del que debe gozar toda persona más allá de su condición económica o social. Todos debemos tener acceso a servicios de salud de calidad dónde y cuándo se nos prescriban. 

Garantizar una cobertura sanitaria universal debe ser una prioridad del Estado. El sector de la Salud, luego de muchas décadas de falta de inversión suficiente, está atravesando una profunda crisis que, de no mediar una inmediata intervención por parte de las autoridades, va a generar un daño irreparable para ésta y futuras generaciones.

En Argentina, se estima que 1 de cada 10 adultos padece de algún grado de insuficiencia renal, y 30.000 personas se encuentran en un estadio avanzado de la enfermedad y requieren un tratamiento de reemplazo de la función renal perdida. Entre otras, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal son dos de las modalidades básicas de tratamiento y prácticas imprescindibles para los pacientes afectados. Estos procedimientos permiten la eliminación de sustancias nocivas de la sangre y el exceso de agua cuando el riñón no puede hacerlo.

La hemodiálisis es una práctica extracorpórea. El paciente concurre a sesiones de diálisis 3 veces por semana, lo que le insume entre 12 y 18 horas semanales, repartidas en tres sesiones que no es posible suspender, postergar o interrumpir ya que de de no ser así el paciente inevitablemente moriría. Por su especificidad, se realizan en centros de alta complejidad que requieren de personal médico y de enfermería altamente capacitados, con una fuerte inversión en tecnología, material descartable y medicación de alto costo.

En cuanto a la diálisis peritoneal, ésta es una alternativa de tratamiento intracorpórea y de autocuidado que el paciente realiza diariamente en su hogar, utilizando solución dializante y como filtro, su membrana peritoneal. La totalidad de los insumos de esta modalidad son importados.

Los servicios de diálisis comprenden adicionalmente entre otros rubros (i) el transporte del paciente desde su domicilio al centro de diálisis y su regreso, (ii) el entrenamiento del paciente, (iii) el control serológico y vacunación, (iv) el suministro de material descartable, (v) exámenes de laboratorio iniciales y periódicos, (vi) cirugía de accesos vasculares, (vii) colación y (viii) seguimiento de pacientes en lista de espera para trasplante.

Ante una coyuntura de insumos importados con precios fijados en moneda extranjera, inflación superior a dos dígitos, incrementos salariales en exceso al incremento del precio del servicio, aumento de la carga impositiva, atrasos en la cadena de pagos, aumento del precio de los servicios e insumos (ej. energía eléctrica, gas, combustible y agua) que aumentan todos los meses, las empresas prestadoras de los servicios no encuentran, como contrapartida, valores de reembolso que acompañen esta realidad. Todo esto hace insostenible la situación.

A pesar de este panorama desalentador, los centros de diálisis continúan brindando las prestaciones ya que no es posible dejar de dar atención médica, de ella depende la vida de los pacientes. En forma paradójica el estado de hecho está imponiendo al sector privado que ejecute y financie servicios de salud bajo la órbita de responsabilidad del primero. Cada uno de los centros también tiene la responsabilidad de pagar los sueldos de los profesionales, mantener el equipamiento en condiciones adecuadas, cumplir con el pago de cargas sociales, impuestos, y comprar los insumos necesarios.

La diálisis es un tratamiento imprescindible que debe mantener la calidad y la continuidad en el tiempo para asegurar que los pacientes con insuficiencia renal crónica puedan sobrevivir. Las autoridades son las responsables de garantizar que los pacientes reciban el servicio de diálisis que los profesionales médicos indican y su financiamiento.

Existe urgencia para que la prestación de servicios de diálisis se trate en forma prioritaria dentro de la Agenda de Políticas de Salud de manera tal de fijar un nuevo marco de referencia consensuado que contemple en forma simultánea una adecuada calidad prestacional para los pacientes y un desarrollo racional de los prestadores de servicios de diálisis.

También, resulta menester que en forma urgente los financiadores, en especial el Programa Incluir Salud y el PAMI (i) recompongan la cadena de pagos  (ii) cumplan los plazos de pago comprometidos contractualmente y (iii) compensen los efectos de la inflación y de la devaluación mediante la actualización del valor de la diálisis, que no pretende más que asegurar el derecho a la salud de los pacientes y el derecho de trabajar de los empleados de las empresas prestadoras, ambos derechos con protección constitucional.

La diálisis puede alejarse de la situación de abismo actual, siempre que los actores involucrados continúen con profesionalismo, realismo y buena fe llevando a cabo diálogos constructivos. Bajo esta condición, se plantea la situación con esperanza que en un futuro próximo se arribe a una solución de consenso sostenible en el tiempo que contemple los intereses, derechos y obligaciones de todos las partes.

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